Isa Conde conmina a que le demuestren si violó la ley al proponer resolución Minera Romero

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministro de Energía y Minas (MEM)
solicita a que le demuestren si ha violado la ley en el área de su competencia al someter
al Poder Ejecutivo el proyecto de resolución que aprobaría la concesión de explotación
al proyecto minero Romero en San Juan.

Antonio Isa Conde proclamó que habría sido una irresponsabilidad de su parte y una
“truchimanería” no tomar esa decisión si el proyecto “pasó el examen” a la luz de ley
vigente y desde el punto de vista técnico, económico y financiero.

Isa Conde manifestó que el Ministerio que dirige cumplió su rol reservado en la ley y
que sería indigno colocarse al margen de la institucionalidad o entrar “en una zona
confort” por temor a las críticas y a los prejuicios de sectores que objetan la decisión sin
analizar los fundamentos.

Aclaró que no entrará en debates sobre la viabilidad ambiental del proyecto Romero,
situado en la provincia San Juan, porque eso es un terreno del Ministerio de Medio
Ambiente, que determinará a través de estudios de impacto si procede la explotación del
yacimiento de metales por parte de la empresa Gold Quest.

Sostuvo que, aun con la aprobación de la propuesta de concesión de parte del Poder
Ejecutivo, Gold Quest no podría iniciar la explotación si no cuenta con el permiso
ambiental correspondiente y la licencia de parte de la comunidad sobre la base de
consultas a sectores representativos, como expresa el artículo 117, Párrafo I, de la Ley
64-00.

Lamentó que por cumplir la ley tenga que enfrentarse a personas queridas –como a su
propio hermano Narciso Isa Conde, y a los integrantes de la Academia de Ciencias, a
quienes tiene en alta estima-. “Yo no podría mirar a nadie de frente, a la cara, si por
prejuicio violo la ley y engaveto la solicitud de concesión de explotación”, apuntó.

Recordó que el Ministerio de Energía y Minas solicitó al Poder Ejecutivo la
autorización para aprobar la concesión del proyecto Romero, luego de lograr mejores
condiciones para el Estado con la firma de una declaración jurada ante notario mediante
la cual la empresa Gold Quest se compromete a pagar al Estado un mínimo del 40% de
los beneficios de la mina, además de asumir otros compromisos ambientales y
económicos.