PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA DOMINICANA Y PRECARIERADES DE LOS CIUDADANOS: UN CONTRASTE ABISMAL.
Por Luis Federico Santana J.
Entre la clase política dominicana y los ciudadanos existe una diferencia tan abismal, que podría hablarse de una polarización que va de extremo a extremo.
Mientras el común de los ciudadanos carece hasta de lo imprescindible para vivir, los altos funcionarios le restriegan en la cara a todos los dominicanos declaraciones juradas de bienes multimillonarias.
Esa población votante, que lleva a palacio y al congreso a estos ilustres dominicanos, posee precarios servicios de agua, luz, educación, salud, asfalto y alimentos. La clase política, por el contrario, vive un estilo de vida muy holgado y con grandes privilegios.
Estos ilustres y honorables tienen cubierto el costo del combustible, vehículos exonerados o de placa oficial, viático y alojamiento, entre otros beneficios. Su estilo de vida ha sido organizado de tal forma que no tienen que hacer ningún gasto de sus bolsillos.
Lo curioso es que toda esa holgura y privilegios son costeados por la población a través de los diversos impuestos. El pueblo los elije para que se den la buena vida y hagan su propia fortuna.
El Estado es visto por estos ilustres y honorables como un botín de guerra, por eso quienes llegan al poder, lo primero que hacen es comenzar el reparto de los grandes privilegios y beneficios que le tocan. Aunque resulte chocante el término, este es un estilo de vida parasitario. Así han comenzado los senadores que recién asumieron el cargo, con el famoso barrilito.
Los nuevos senadores ya recibieron el denominado Fondo Provincial Senatorial o barrilito, el cual asciende a 21,580 millones de pesos.
Eso quiere decir que, si estas partidas se mantienen por todo el año, los ingresos totales superarían los 250 millones de pesos anuales.
Todo este dinero se otorga a los senadores para que lo usen de manera discrecional, bajo el pretexto su suplir necesidades sociales en sus provincias. Esto, a pesar de que el gobierno posee un gabinete social para estas obras.
¿Será cierto que “todo” este dinero se usa para en obras de bien social? ¿Beneficiará a los pobres de la provincia o sólo a los pobres que pertenezcan al partido del senador que lo recibe?
¿Hay un manejo pulcro de estos fondos? ¿Se rinde un informe de los gastos? ¿A quién se rinde este informe?
La verdad es que tanta generosidad, solidaridad y sensibilidad por los pobres sorprende y llama la atención. Al parecer los senadores son más generosos que los religiosos que realizan obras de caridad en las iglesias.
Al advertir que no renunciarían al barrilito, algunos senadores se molestaron por los constantes ataques que reciben por este concepto. Algunos de ellos acusaron de populistas y doble moral a los sectores que abogan por la eliminación de estos beneficios.
¿Estos distinguidos, ilustres y honorables congresistas hicieran toda esta obra de caridad si fuera con el dinero de sus bolsillos? Porque es fácil gastar el dinero que no se ha sudado, por eso, incluso, vemos que muchas figuras políticas no sólo gastan mucho dinero, sino que lo derrochan en asuntos sin importancia.
Esos senadores que gastan el dinero del barrilito aprovechan para tirarse fotos con algunas personas que reciben beneficios. Además, van a los programas de radio y televisión a hablar de sus obras y cacarean las mismas por todos los medios posibles, así también se promueven y repiten en la curul.
No obstante, a ninguno de esos honorables congresistas se le ha ocurrido decir que ese dinero que reciben es el resultado de las recaudaciones que hace el Estado, a través de los impuestos. Por eso quien verdaderamente hace las obras es el pueblo.
Si el pueblo está dispuesto a entregar cada mes el promedio de casi un millón de pesos a cada senador, entonces “que la vida siga su agitado curso.”
Pero si los dominicanos y dominicanas no están de acuerdo con esa práctica, es bueno que sepan que tienen derecho a presionar y protestar para que el barrilito sea eliminado.
Lo bueno de todo esto es que la población tiene hoy un mayor nivel de conciencia que antes. Está más informado y expresa su parecer por las redes sociales.
Hay que confiar en que esta toma de conciencia llegue a convertirse en una gran fuerza, que arrebate los derechos que le corresponden a los ciudadanos, y logre mantener a raya a los funcionarios públicos.
